Acerca del Decreto

Acerca del Decreto

A principios del 2017, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos concluyó una investigación de un año sobre los derechos civiles del Departamento de Policía de Chicago (“CPD” por sus signas en inglés). La investigación confirmó lo que muchos residentes de Chicago ya sabían – que el CPD tiene un historial de graves problemas que ponen en peligro las vidas tanto de los residentes como de los agentes de policía. Esa historia ha tenido terribles consecuencias tanto para la policía como para los residentes. Las comunidades afroamericanas y latinas en particular se han sentido objetos de la discriminación racial y los contribuyentes de la ciudad han pagado más de $760 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales por conducta policial inapropiada. Al mismo tiempo, la desconfianza de la policía ha perjudicado la capacidad de los oficiales para hacer su trabajo, lo que hace que las comunidades sean menos seguras y pone en riesgo la vida de los agentes.

Ahora, por primera vez en la historia de Chicago, se está llevando a cabo una orden judicial ordenando una amplia reforma policial. El objetivo de esa orden judicial—conocida como un decreto de consentimiento—es de implementar reformas que rijan la capacitación y las políticas de la policía y proporcionar a los agentes el apoyo que necesitan para implementar prácticas policiales seguras y constitucionales. Un decreto de consentimiento que requiera reformas efectivas y durables es la única manera de comenzar a construir la confianza que se rompió entre los residentes de Chicago y la policía.

Para asegurarse de que las reformas policiales ordenadas por un decreto de consentimiento satisfagan las necesidades de las comunidades y los agentes de policía de Chicago, es importante que todos los residentes de Chicago tengan la oportunidad de proporcionar comentarios y sugerencias sobre el borrador del decreto de consentimiento. Este sitio web fue creado por la Oficina de la Procuradora General de Illinois para proporcionar información y recibir aportaciones sobre la reforma policial de todos los residentes interesados de Chicago que informará el decreto de consentimiento final.



MIRANDO HACIA ATRÁS

Durante casi 50 años, las revisiones del Departamento de Policía de Chicago han identificado fallas significativas por parte del CPD para actuar legalmente y proteger y servir a todos los residentes de Chicago igualmente y justamente. En 1973, un panel de especialistas encontró que la mala conducta de la policía se dirigía con mayor frecuencia a las personas de color. En los años transcurridos desde entonces, otras investigaciones importantes han identificado prácticas policiales racialmente discriminatorias, así como el abuso generalizado de la policía. Esta conducta incuestionablemente ha afectado más a los residentes afroamericanos y latinos.

La desconfianza entre los residentes de Chicago y la policía alcanzó su límite de aguante en noviembre de 2015, después de que se publicó un video mostrando el disparo fatal, un año anterior, de Laquan McDonald, un joven afroamericano de 17 años, por un oficial de la policía de Chicago.

Las protestas en toda la ciudad siguieron el lanzamiento del video de los disparos a McDonald.

En diciembre de 2015, la Procuradora General Lisa Madigan pidió al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que iniciara una investigación para determinar si el Departamento de Policía de Chicago violó la Constitución estadounidense y las leyes federales de derechos civiles, diciendo:

“La confianza en el Departamento de Policía de Chicago está rota. Chicago no puede seguir adelante y reconstruir la confianza entra la policía y la comunidad sin una investigación externa e independiente de su departamento de policía para mejorar las prácticas policiales.”
- Procuradora General de Illinois, Lisa Madigan

Una semana después, la entonces-Procuradora General de los Estados Unidos, Loretta Lynch acordó investigar el Departamento de Policía de Chicago. Después de una investigación de un año, el Departamento de Justicia encontró que el CPD había participado en lo que es llamado un “patrón o práctica” de usar fuerza irrazonable, violando la Constitución estadounidense. Los funcionarios federales encontraron que el CPD no capacitó adecuadamente a los oficiales, proporcionó apoyo insuficiente para la seguridad de los oficiales y no realizó investigaciones significativas sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes de policía. El informe también encontró que los agentes tenían más probabilidades de usar fuerza irrazonable contra los residentes afroamericanos y latinos de Chicago. Para reformar el CPD, el Departamento de Justicia recomendó que la Ciudad firme un decreto de consentimiento, que es un plan de reforma ejecutable por un tribunal.

Aparte, en diciembre de 2015, el Alcalde de Chicago Rahm Emanuel creó un Grupo de Trabajo de Responsabilidad Policial. En abril de 2016, el Grupo de Trabajo público un informe detallado que hizo más de 100 recomendaciones para reformar el Departamento de Policía de Chicago.

En la primavera de 2017, el nuevo Procurador General de los Estados Unidos Jeff Sessions emitió una declaración indicando que bajo la administración de Trump, el Departamento de Justicia estaba adaptando la política de que los asuntos de policía local deberían manejarse al nivel estatal y local. Como resultado, el Departamento de Justicia anunció que no tomaría medidas para buscar un decreto de consentimiento para reformar el Departamento de Policía de Chicago.

En agosto de 2017, la Procuradora General de Illinois Madigan presentó una demanda contra la Ciudad de Chicago para buscar un decreto de consentimiento que abordara las conclusiones y las recomendaciones del Departamento de Justicia y del Grupo de Trabajo.

En el momento en que la Procuradora General Madigan presentó la demanda contra la Ciudad, el Alcalde Emanuel y el Superintendente del CPD Johnson se comprometieron a trabajar con la Procuradora General para negociar un decreto de consentimiento ejecutable. La Oficina de la Procuradora General  y la Ciudad de Chicago acordaron que se necesitan reformas ejecutables para cambiar permanentemente la conducta del CPD, proporcionar la capacitación y el apoyo que los oficiales necesitan y construir confianza entre los residentes de Chicago y su departamento de policía.

Al aceptar negociar, la Oficina de la Procuradora General y la Ciudad de Chicago reconocieron que la mejor manera de garantizar un cambio durable es obtener un decreto de consentimiento—una orden judicial que es ejecutada por un juez federal.

Como parte del proceso de redacción del decreto de consentimiento, la Oficina de la Procuradora General trabajó con organizaciones comunitarias en todo Chicago en marzo y abril de 2018 para obtener comentarios de los habitantes de Chicago sobre la reforma del CPD. La Oficina de la Procuradora General y las organizaciones comunitarias celebraron 14 mesas redondas comunitarias del Decreto de Consentimiento (para ver una lista de las mesas redondas, haga clic aquí) en los vecindarios de la ciudad para garantizar que todos los residentes de Chicago tuvieran una oportunidad significativa de aportar información sobre la reforma policial.

La Oficina de la Procuradora General y la Ciudad luego revisaron y consideraron todos los aportes de la comunidad. Para revisar el informe que resume la información recibida de los residentes de Chicago, haga clic aquí.

Además, la Oficina de la Procuradora General buscó y obtuvo información sobre la reforma del Departamento de Policía de Chicago de los oficiales de CPD a través de 13 grupos focales. La Procuraduría y la Ciudad también revisaron y consideraron esta información como parte del proceso de redacción del decreto de consentimiento. Para revisar el informe que resume la información recibida durante estos grupos focales, haga clic aquí.

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OBJETIVOS DEL DECRETO DE CONSENTIMIENTO

Un decreto de consentimiento es un plan detallado de reformas policiales que es aprobado y ejecutado por un juez federal. Porque es ejecutable por un juez federal, un decreto de consentimiento puede establecer un alto nivel para la responsabilidad policial y para la protección de los derechos civiles. Esto también ayudará a garantizar que los agentes de policía de Chicago obtengan los recursos de capacitación y el apoyo que necesitan para desempeñar su trabajo de manera profesional y segura, ya que los requisitos del decreto de consentimiento simplemente no se cumplirán sin ellos.

El proceso de decreto de consentimiento es una herramienta comprobada para reformar los departamentos de policía. Ha trabajado para reformar los departamentos de policía en muchas otras ciudades. Un aspecto importante de un decreto de consentimiento es que requiere que el progreso de reformas se mida desde el exterior por:

  1. un monitor independiente nombrado por el juez federal para evaluar e informar sobre la implementación de cambios en el CPD, y
  2. un juez federal quien supervisa el cumplimiento con los requisitos del decreto de consentimiento y responsabiliza a la Ciudad de Chicago.

SIGUIENDO ADELANTE

La Oficina de la Procuradora General y la Ciudad de Chicago han completado un proyecto de decreto de consentimiento después de meses de negociaciones. Es vital que el decreto de consentimiento satisfaga las necesidades de Chicago. Para lograr ese objetivo, la Oficina de la Procuradora General ha publicado el borrador del decreto de consentimiento y está invitando a los habitantes de Chicago a que ofrezcan su opinión sobre el borrador del decreto de consentimiento durante un período de 21 días. Para hacer comentarios, por favor haga clic aquí. Este período para ofrecer comentarios sobre el borrador del decreto de consentimiento se cerrará el 17 de agosto de 2018.

Después de considerar cuidadosamente los comentarios del público y hacer las revisiones según corresponda, la Procuraduría y la Ciudad de Chicago presentarán el decreto de consentimiento al juez federal que supervisa la demanda de la Procuradora General. Luego, el juez puede brindar una oportunidad adicional de comentarios de la comunidad y puede llevar a cabo audiencias sobre el decreto de consentimiento en la corte. El juez finalmente decidirá si aprueba o no el decreto de consentimiento.